He tenido la suerte de conocer y participar en diversos procesos de desarrollo en América Latina y el Caribe. En esos andares me he reunido con alcaldes, gobernadores y ministros para conocer sus prioridades de desarrollo. En la mayor parte de estos encuentros el pedido de financiación es recurrente: ¿cuánto pueden dar?, necesitamos fondos para reparar esto o para construir aquello, para hacer un plan o para diagnosticar algo…, y así una larga lista. De todas estas experiencias uno podría llevarse la impresión que lo que falta es recursos financieros, que el principal obstáculo para el desarrollo es la carencia de fondos. ¿Es realmente así?
Sin dejar de reconocer que siempre los fondos son —o pueden parecer— insuficientes, la realidad en América Latina y el Caribe cuenta una historia muy distinta: la carencia de recursos financieros no es el obstáculo principal.
El mito de la escasez: El capital está disponible, ¿lo gestionamos de manera íntegra y eficiente?
A menudo hablamos de la «brecha de financiamiento», pero olvidamos la brecha de eficiencia e integridad en su gestión. Consideremos estos datos actuales.
El costo de la ineficiencia: Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ineficiencia en el gasto público le cuesta a América Latina y el Caribe aproximadamente el 4.4% de su PIB anual. Esto equivale a desperdiciar $220,000 millones de dólares cada año, que podrían reducir, e incluso cerrar, brechas importantes de infraestructura de transporte, energía, agua y saneamiento, servicios sociales, etc.
Esta «ineficiencia» se origina en varios temas que vale la pena mencionar y que no son solo expresión de falta de capacidades, sino también de fenómenos enraizados como la corrupción y el clientelismo. Por un lado están las deficientes compras públicas, tanto para obras como para bienes y servicios, donde los sobreprecios, la falta de competencia efectiva y la corrupción tienen un costo estimado del 1.4% del PIB regional. A esto se le suma un 1.2% que cuestan abultadas nóminas públicas, con exceso de personal administrativo y sin un adecuado sistema de servicio público meritocrático y basado en las capacidades técnicas. Finalmente, el drenaje de otro 1.8% por transferencias sociales no focalizadas que llevan sus beneficios a sectores que no padecen de pobreza.
También un estudio de casos de infraestructura a nivel global (Flyvbjerg, B. Making Infrastructure Matter, Oxford University, 2016), reveló que América Latina y el Caribe es la región del mundo donde se ubican los sobrecostos más altos (48%), siendo el promedio global 28%.
En muchos de estos análisis no se recoge un costo que pudiera ser aún mayor: el de la inacción, la falta de ejecución de los presupuestos asignados y el retraso en la ejecución de los proyectos.
El informe «Rethinking Infrastructure in Latin America and the Caribbean» del Banco Mundial sostiene que gran parte de lo que se percibe como una «brecha de financiamiento» es en realidad una «brecha de servicio», derivada de una planificación deficiente y una gestión de activos inadecuada. Los problemas de infraestructura en la región tienen raíces sistémicas, que incluyen:
- La falta de capacidad institucional para la planificación a largo plazo.
- La incertidumbre regulatoria.
- Procesos de adquisición ineficientes que generan sobrecostos masivos.
El análisis de 480 proyectos de infraestructura en la región muestra que el 70% sufre retrasos significativos.Esta situación no se expresa solamente en el nivel nacional; también está presente de manera alarmante en los niveles sub-nacionales. Por solo poner un ejemplo: la Contraloría General de la República de Perú ha alertado repetidamente que diversos gobiernos regionales ejecutaron menos del 50% de sus presupuestos destinados a inversión pública. Esta incapacidad de gasto se traduce en hospitales sin terminar, escuelas sin mantenimiento y brechas de agua y saneamiento que permanecen abiertas a pesar de que el dinero está «en caja».
Los verdaderos culpables: deficiente gestión y corrupción
En mi experiencia, reconociendo que cada contexto tiene sus particularidades, hay algunos obstáculos estructurales que se repiten.
Anemia de capacidades técnicas
La gestión de proyectos no es un trámite administrativo: es una disciplina técnica que requiere habilidades y experiencia específica. Muchos proyectos fallan porque carecen de una adecuada gestión, lo que resulta en una sub-ejecución presupuestaria crónica.
Un estudio reciente del BIDsobre los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) en la región (Ardanaz, M., Briceño, B., y García Ferro, L.Á., 2019. Fortaleciendo la gestión de las inversiones en América Latina y el Caribe: Lecciones aprendidas del apoyo del BID a los SNIP) identificó que la alta rotación del personal técnico en los entes ejecutores —especialmente a nivel subnacional— es uno de los factores más persistentes que explica la incapacidad de gasto. Los funcionarios que han sido capacitados abandonan sus cargos con cada cambio de autoridad, y el ciclo de impericia vuelve a comenzar. No es un problema de personas: es un problema de instituciones que no retienen ni valoran el conocimiento técnico acumulado.
A esto se suma que solo una cuarta parte de los países de la región cuenta con metodologías claras para la evaluación ex postde sus proyectos de inversión (Choi, J., Carrasco, H., Cartes, F., Contreras, E., Groom, S., Mac Dowell, M. C., & Tamblay, L. (2024). Arreglos institucionales para una gestión eficiente de la inversión pública: una revisión de los sistemas nacionales de inversión pública (SNIP) en América Latina y el Caribe y experiencias destacadas). El aprendizaje institucional, esa capacidad de extraer lecciones de los errores pasados para mejorar las decisiones futuras, es prácticamente inexistente como práctica sistemática. Proyectamos, ejecutamos (cuando y como podemos) pero rara vez evaluamos con rigor qué funcionó y qué no.
La dimensión cuantitativa del problema es elocuente. Según datos del BID, en la última década la inversión pública en América Latina cayó más del 30% en promedio, pasando de aproximadamente 4.5% a 3% del PIB entre 2013 y 2023. Sin embargo, el problema no es solo cuánto se invierte, sino la eficiencia con la que se hace. Los países que gestionan la inversión pública de manera eficiente logran, en promedio, un retorno 2.5 veces mayor por cada peso invertidoque aquellos con sistemas institucionales débiles. Dicho de otro modo: no es la cantidad de recursos lo que más diferencia a los países que avanzan de los que se estancan, sino la calidad de su gestión.
La corrupción como «impuesto invisible»
Con dos tercios de los países de la región aún por debajo del umbral de transparencia aceptable, la corrupción no solo desvía fondos, sino que corroe la confianza necesaria para las alianzas público-privadas. Pero hay una dimensión de la corrupción que se menciona menos: su efecto sobre la calidad de los proyectos desde su origen.
Cuando la selección de proyectos responde a intereses clientelares o a la captura de rentas, el problema no comienza en la ejecución sino mucho antes, en la priorización y planificación. Se aprueban proyectos que no deben aprobarse, y se excluyen los que sí deberían existir. El resultado son los tristemente célebres «elefantes blancos»: infraestructuras terminadas que nadie usa, o peor, a medio construir que tampoco puede usar nadie.
El ciclo político como enemigo de la continuidad
Hay un tercer factor que agrupa y amplifica a los anteriores: la discontinuidad de las políticas de inversión entre un gobierno y el siguiente. En muchos países de la región, cada nueva administración (lo mismo nacional que local) tiende a «comenzar de cero», cancelando o paralizando proyectos en curso, reasignando recursos hacia sus propias prioridades y desmantelando los equipos técnicos que existían.
La continuidad de las políticas de inversión es un requisito básico para la consolidación de los sistemas de gestión y el logro de los resultados de los proyectos, pero es también uno de los bienes más escasos en el contexto latinoamericano.
La subejecución: el costo que no aparece en los titulares
Existe un fenómeno que merece una atención particular, porque es a la vez muy visible y muy poco debatido: la subejecución en los proyectos de inversión. Me refiero a la situación —repetida año tras año en decenas de municipios, regiones y ministerios— en que el dinero existe, está asignado, está en «la caja», y aun así no se gasta.
El caso peruano, que ya mencioné, no es una excepción regional: es un espejo. En Colombia, Bolivia, Honduras y varios países centroamericanos, los informes de contraloría y los organismos multilaterales señalan patrones similares: presupuestos de inversión que cierran el año con tasas de ejecución por debajo del 60% o 70%, especialmente en los niveles subnacionales. Los proyectos se aprueban, se asignan los recursos, y luego… nada. O casi nada.
¿Por qué ocurre esto?
Las razones son múltiples y se refuerzan entre sí.
Primero, la debilidad en la preparación de proyectos: muchos de los que ingresan al presupuesto no cuentan con estudios de preinversión sólidos, diseños técnicos terminados de calidad ni permisos ambientales o de otro tipo en orden. Son aprobados por presión política o por urgencia de «mostrar inversión», y luego se bloquean en la fase de implementación.
Segundo, la rigidez de los procesos de contratación: los sistemas de compras públicas, diseñados con razón para garantizar transparencia y competencia, a menudo se convierten en laberintos procedimentales que paralizan la ejecución y tienen el efecto contrario en términos de transparencia. Una licitación puede tardar meses, y si hay impugnaciones —otro mecanismo usado estratégicamente para obstaculizar— puede demorar más de un año.
Tercero, la ausencia de gestores de proyectos competentes: no basta con tener el presupuesto aprobado si la unidad ejecutora no tiene personal técnico capaz de gerenciar la complejidad de una obra o un programa.
El resultado de todo esto tiene un costo humano concreto y cotidiano. No son solo números en un informe presupuestario. Son centros de salud que no se construyen, carreteras que no se terminan, sistemas de agua que no llegan a las comunidades que los esperan. El dinero existe; lo que falta es la capacidad, la integridad —y a veces la voluntad— de convertirlo en bienestar.
Entonces, ¿qué necesitamos?
La respuesta corta es: capacidades, instituciones y transparencia; no más dinero —o, al menos, no solo eso.
Falta invertir seriamente en el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública, tanto a nivel nacional como local, dotarlos de personal técnico estable y bien remunerado, y protegerlos de los vaivenes del ciclo político.
Falta construir culturas institucionales donde la evaluación ex postsea una práctica habitual, no una rareza académica, y donde las lecciones aprendidas informen las decisiones futuras.
Falta simplificar los procedimientos de contratación sin sacrificar la transparencia —un equilibrio difícil pero posible, como demuestran las experiencias de Chile, Colombia o algunos estados de Brasil.
Y falta, también, una conversación más honesta en los espacios donde se diseñan y negocian los programas de desarrollo: una conversación que no arranque siempre del «¿cuánto necesito?», sino del «¿qué capacidad tengo para gestionar lo que ya existe?»
Si tuviéramos una gestión de proyectos más eficiente, íntegra y continua, ¿cuántos de nuestros problemas sociales, económicos y ambientales actuales desaparecerían sin necesidad de pedir un solo dólar adicional? La respuesta, me temo, incomodaría a más de uno.
